El nexo hidroenergético como arma de guerra en el conflicto del Golfo Pérsico
La dependencia del Golfo Pérsico de la desalinización convierte al agua en un punto crítico de vulnerabilidad. La escasez hídrica se ha vuelto, en la práctica, un arma dentro de las tensiones regionales.

Foto: archivo editorial
La guerra en Medio Oriente en 2026, marcada por enfrentamientos en torno a infraestructuras estratégicas del Golfo Pérsico, ha redefinido la percepción de seguridad en la región. Como señala Arias Quincot (1990), se trata de un espacio clave para el sistema internacional, lo que explica su alta relevancia política.
Una de las principales consecuencias ha sido la interrupción en el estrecho de Ormuz, lo que ha puesto en riesgo los sistemas hídricos del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Esto evidencia la vulnerabilidad del “nexo hidroenergético”, ya que cerca del 40% de las plantas desalinizadoras dependen de la cogeneración de energía (Hussein, 2026). En consecuencia, cualquier ataque a la red eléctrica podría paralizar la producción de agua potable en países altamente dependientes, como Qatar, donde esta alcanza hasta el 99%.
Por ello, tras el ataque a una planta desalinizadora en Qeshm que dejó sin suministro a 30 aldeas y en instalaciones en Kuwait y Bahréin, la fragilidad de estas infraestructuras se ha vuelto crítica en el Golfo. Además, Teherán advirtió que cualquier agresión contra su infraestructura energética resultaría en ataques recíprocos contra las plantas desalinizadoras y los sistemas tecnológicos de los países del Golfo (Ericsson, 2026). Dicho incidente puso en alerta el nexo hidroenergético del CCG, considerando que cuenta con más de 400 plantas desalinizadoras y que de este recurso depende la supervivencia de más de 60 millones de personas (Diario Socialista, 2026). Bajo este contexto, el presente ensayo analiza la fragilidad inherente al nexo hidroenergético de Medio Oriente y cómo esta dependencia ha transformado la infraestructura hídrica en un punto estratégico geopolítico y en un arma de guerra letal.
El talón de Aquiles del Golfo Pérsico
Se evidencia la vulnerabilidad estructural de los seis países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG): Omán, Qatar, Arabia Saudí, Kuwait, Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos. Como explica el reportaje de Shankar en Al Jazeera (2026), estas naciones enfrentan una de las crisis de escasez hídrica más severas debido a que, geográficamente, son desiertos sin ríos permanentes que atraviesen la región.
Por esta razón, la región del Golfo dispone apenas del 2% de las reservas de agua subterránea (BBC, 2026); lo que ha llevado a una fuerte dependencia de las plantas desalinizadoras para garantizar la supervivencia de millones de personas (Cifuentes, 2026). Sin este soporte, el abastecimiento de agua potable sería inviable, afectando sectores clave como la industria y la agricultura.
Asimismo, es importante considerar la dimensión demográfica. Como menciona Ali Al Flaiti (s.f.), la población del Golfo Pérsico se duplicó en las últimas décadas. Este crecimiento ha incrementado la demanda de agua en un contexto de escasez. De hecho, según lo mencionado en un reportaje de France 24 (2026), Naciones Unidas establece que una región entra en estado de "escasez absoluta" al disponer de menos de 500 metros cúbicos de agua per cápita. No obstante, el promedio en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) es de apenas 120, una cifra crítica que obliga a estos Estados a sustentar su supervivencia mediante la desalinización, el tratamiento de aguas y el aprovechamiento limitado de acuíferos y lluvias.
No obstante, la vulnerabilidad frente a esta dependencia no es uniforme, lo que complejiza el Complejo de Seguridad Regional (Diansaei, 2018). Mientras Arabia Saudí, aunque es el mayor productor, depende en un 18% de la desalinización, otros países presentan niveles críticos de dependencia: Qatar (99%), Bahréin (más del 90%), Kuwait (47%) y Emiratos Árabes Unidos (41%) (Hussein, 2026). Estas cifras demuestran que el nexo hidroenergético constituye el verdadero “talón de Aquiles” de la región, ya que cualquier ataque a la infraestructura de desalinización podría desencadenar una crisis humanitaria inmediata.
La paradoja rentista y la ruptura de la seguridad energética
El Estado rentista revela una vulnerabilidad estructural que redefine la seguridad internacional en el siglo XXI. Según Cyrus Bina (2017), el petróleo no debe entenderse únicamente como un recurso económico, sino como una relación estructural dentro del sistema capitalista global, donde los Estados capturan rentas derivadas de su posición en el mercado energético para financiar la habitabilidad del territorio.
En el caso del Golfo, esta renta no solo financia el desarrollo económico, sino que sostiene las condiciones básicas de vida. La desalinización del agua implica una “metamorfosis” de esta renta, en la cual el excedente del crudo alimenta sistemas tecnológicos para la ósmosis inversa (Khamis, 2020). Este proceso representa una transformación directa de la renta petrolera en un recurso vital, configurando una dependencia estructural entre energía y supervivencia.
Esta situación genera una “trampa” de dependencia. A diferencia de los países del Golfo, Irán presenta una mayor resiliencia hídrica, ya que su dependencia de la desalinización es mínima del 2% (Pilar, 2026), gracias al acceso a ríos como el Karun y el sistema Tigris-Éufrates, lo que le otorga una ventaja estratégica.
Como explica Benyamin Diansaei (2018), la guerra asimétrica responde también a una lucha por el liderazgo regional. En este escenario, Irán contrarresta la superioridad tecnológica y militar de sus rivales, mediante el ataque a infraestructuras energéticas. De este modo, el conflicto deja de centrarse únicamente en el precio del crudo y pasa a implicar el costo directo de miles de vidas.
“La guerra de la sed en Medio Oriente”
La utilización del agua como arma de guerra, no es un hecho reciente. Es fundamental recordar el caso de las marismas de Mesopotamia en Irak. Durante la década de 1990, el régimen de Saddam Hussein drenó deliberadamente estas zonas como estrategia de control territorial y castigo contra poblaciones chiítas, los maʻdān, a quienes consideraba aliados de los rebeldes y de Irán. Según Noticias ONU (2008), esta política provocó el desplazamiento de más de 250.000 personas y la destrucción de un ecosistema biológico.
Tras la caída del régimen, nuevos problemas surgieron debido a la construcción de represas en Turquía, Siria e Irán, que limitan el flujo de agua hacia Irak (Russell, 2022). Como explica Jassim Al Assadi (ARTE.tv, 2024), el 97% del Éufrates proviene de Siria y Turquía y el 68% del Tigris de Turquía e Irán, lo que reduce directamente el acceso al agua en Irak. En consecuencia, esta situación podría derivar en una catástrofe hídrica, vinculada incluso a lo que durante años se advertía en los colegios de Irak: “El próximo siglo será el siglo de las guerras por el agua”, ARTE.tv (2024).
Otro ejemplo clave es el ataque a las plantas desalinizadoras de Kuwait durante la Guerra del Golfo de 1991 (Pacific Institute, 2008). Estos ataques generaron efectos en cadena y riesgo de desabastecimiento (Al Jazeera, 2026).
Finalmente, el caso de la Franja de Gaza resulta particularmente crítico. Según Oxfam Intermón (2024), el acceso al agua ha sido reducido en un 94%, dejando a la población con apenas 5 litros diarios por persona. La destrucción de infraestructura hídrica ha agravado la crisis sanitaria (France 24, 2025). De esta manera, el agua se convierte en un instrumento de control que impacta directamente en la vida cotidiana de la población.
El nexo hidroenergético como eje de la seguridad contemporánea
La teoría del Estado rentista de Cyrus Bina (2017) permite comprender que la riqueza de las petromonarquías no solo sostiene sus economías, sino que condiciona la habitabilidad misma del territorio. La provisión de agua depende directamente del sistema energético, generando una vulnerabilidad estructural donde la supervivencia de la población está ligada a la integridad de estas infraestructuras hidroenergéticas.
Asimismo, los casos de Irak, Kuwait y la Franja de Gaza, reflejan con claridad, que el agua ha dejado de ser un recurso neutral para convertirse en un instrumento de poder utilizado de manera deliberada en los conflictos de la región. Mientras que en los Estados del Golfo la dependencia de la desalinización genera una “trampa” estructural, en contextos como Gaza y las marismas de Mesopotamia el control del agua se traduce en una forma extrema de presión sobre la población, al afectar directamente sus condiciones básicas de vida.
En este marco, la rivalidad regional analizada por Diansaei (2018) evidencia que estas vulnerabilidades no solo existen, sino que son explotadas dentro de dinámicas de competencia por el poder. A su vez, la perspectiva histórica de Arias Quincot (1990) permite situar esta problemática dentro de una continuidad geopolítica, en la que el control de recursos estratégicos ha sido central en la configuración del orden regional.
En conclusión, el conflicto de 2026 demuestra que el agua ha dejado de pertenecer a la esfera ambiental para convertirse en un elemento central de la alta política y la estrategia militar en Medio Oriente. La estabilidad futura de la región no dependerá únicamente del mercado de hidrocarburos, sino de la capacidad de los Estados para reducir su dependencia del nexo hidroenergético, lo cual resulta complejo en países como Omán, Qatar, Arabia Saudí, Kuwait, Bahréin, los Emiratos Árabes Unidos e Irak, debido a sus condiciones de escasez hídrica y su limitada disponibilidad de agua subterránea.
En este contexto, dentro de la lógica del Estado rentista, quien controla el flujo energético controla también las condiciones materiales que sostienen un territorio. De esta manera, el agua deja de ser únicamente un recurso y se convierte en un elemento estratégico que articula poder, conflicto y soberanía en el siglo XXI.
Referencias Bibliográficas
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